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El pasado sábado, una camioneta explotó frente a la base de la policía comunitaria en Coahuayana, Michoacán. Como resultado, hay al menos cinco muertos y siete heridos.
Según autoridades estatales —entre ellas el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla— las personas fallecidas eran en su mayoría policías comunitarios o involucradas con la seguridad, por lo que no habría víctimas civiles que lamentar.
Tras el ataque, se desplegó un fuerte operativo: la Fiscalía General de la República asumió la investigación por presunto crimen organizado, y equipos de emergencia —incluyendo helicópteros de la Marina y autoridades estatales— atendieron a los heridos.
“No hubo víctimas civiles que lamentar” – Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.
En su comunicado, el gobernador subrayó que, a pesar del daño material y el impacto del atentado, lo importante es que ninguna familia civil perdió a un ser querido.
